CARACAS / La Asamblea Nacional -controlada por el chavismo- recibió este pasado martes once de febrero a familiares de presos políticos para discutir sobre el proyecto de ley de amnistía que fue aprobado en primera discusión y se encuentra en proceso de consulta pública para el segundo debate y aprobación definitiva.
Durante el encuentro, el diputado chavista Jorge Arreaza defendió la apertura del Parlamento para escuchar propuestas y testimonios de expertos jurídicos y de quienes han sufrido “los impactos de la confrontación política de los últimos años”.
“Tenemos que escucharlas y escucharlos (a los familiares de los detenidos) para que podamos reflejar sus percepciones en la ley”, dijo Arreaza.
Representantes del Legislativo se reunieron con miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y con integrantes de la ONG Foro Penal, organización que ha venido documentando las liberaciones parciales y las condiciones en las que se encuentran quienes han salido de prisión en las últimas semanas.
Arreaza, que preside la comisión especial encargada del proyecto, reiteró que la intención de la norma es promover la reconciliación y la convivencia democrática. Según manifestó, el Parlamento trabaja para construir consensos y sortear las diferencias entre sectores políticos enfrentados.
Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, informó que este miércoles se atenderá a más familiares de presos políticos en una jornada programada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas, donde continuarían las conversaciones.
Advierten que más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos de la ley de amnistía
Los allegados de los detenidos se habían congregado en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, en el centro de la capital, para exigir ser escuchados por los parlamentarios.
Alertaron que “más de la mitad” de los detenidos podrían quedar fuera del alcance de la amnistía debido a que consideran que el texto, promovido por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, excluye casos de años como 2018, 2020 y otros períodos en los que se registraron numerosas detenciones por razones políticas.
La amnistía -según el proyecto- abarcaría hechos desde 1999 hasta enero de 2026, detallando ciertos años en su articulado, sin incluir la totalidad.
Foro Penal informó que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se inició ese proceso el 8 de enero, aunque continúa advirtiendo que cientos de detenidos permanecen bajo custodia o con medidas restrictivas.
El debate sobre el proyecto de ley se da en un momento de intensos reclamos de organizaciones de derechos humanos y familiares, que exigen no solo la liberación plena de los encarcelados, sino también transparencia en las listas oficiales y garantías claras sobre la aplicación de cualquier beneficio legal derivado de la amnistía. (El Nacional)
