WASHINGTON/ El recientemente pasado viernes 13 de marzo de 2026, la Fiscalía de los Estados Unidos presentó su oposición al requerimiento de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores de Maduro de acceder a fondos del Estado venezolano para financiar su defensa privada en el proceso penal que enfrentan en Nueva York. La OFAC también ratificó categóricamente en la misma fecha su negativa a otorgar autorización para liberar fondos sancionados del Estado venezolano para pagar la defensa privada de Maduro y Flores.
Esta incidencia aún está pendiente de decisión judicial, la cual será anunciada en los próximos días.
Recuento:
En una moción presentada por Maduro, a la cual Flores se adhirió, la defensa sostiene que el gobierno estadounidense habría “violado su derecho constitucional a la defensa” al impedirles, mediante decisiones de la OFAC, que el gobierno de Venezuela pague con fondos públicos su representación legal privada.
Según la defensa, la decisión de la OFAC de no permitirles recibir esos fondos “constituye una interferencia directa con el derecho a elegir abogado”, por lo que solicitaron al tribunal que ordene permitir el acceso a esos recursos o, en su defecto, que se desestime toda la acusación por “violar el derecho a la defensa”.
La Fiscalía rechazó estos planteamientos. En su oposición sostiene:
(1) Que Maduro y Flores deben pagar a sus abogados con recursos propios, no con fondos del Estado venezolano;
(2) Que la OFAC no les impide el uso de sus recursos personales, si los tuvieren, en cuyo caso deberán indicar a la Corte si disponen de fondos propios; y
(3) Que si no cuentan con medios económicos, el sistema judicial estadounidense les garantiza defensa pública.
-La Fiscalía sostiene que en todos los años de registro que han podido revisar, “no existen precedentes conocidos” en los que personas que estén siendo procesadas en una corte penal federal en los Estados Unidos hayan solicitado y obtenido fondos sancionados del gobierno de su país de origen para financiar su defensa privada.
– La Fiscalía argumenta que, en modo alguno, “los acusados podrían tener expectativa razonable” de acceder a fondos del Estado venezolano que no le son propios para financiar su defensa privada.
– La Fiscalía también sostiene que la restricción de fondos por parte de la OFAC al gobierno venezolano se produjo desde hace mucho más tiempo al inicio de este proceso penal, por lo que la acción OFAC “no está dirigida a vulnerarles el derecho a la defensa”, “ni guarda relación alguna con este proceso”.
– Los acusados tienen derecho a elegir a los abogados de su preferencia, pero “no tienen derecho a gastar el dinero de otros” para ello, concluye la Fiscalía. A la espera de decisión judicial.
