CARACAS / Representantes profesorales ante los Consejos Universitarios de ocho casas de estudio de Venezuela hicieron público este 29 de abril un comunicado, en el que expresan su respaldo a las demandas laborales del sector y alertan sobre la profundización de la crisis en el sistema de educación superior.
En el documento, suscrito por voceros de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia, Universidad Simón Bolívar, Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los académicos manifestaron su apoyo a las exigencias de “salario digno y presupuesto justo” planteadas por los gremios.
Los representantes señalaron que las universidades atraviesan una “crisis humanitaria compleja” marcada por problemas salariales, fallas en seguridad social y un deterioro generalizado de los servicios básicos. A ello, agregaron, se suma la “calamitosa desinversión en dotación, equipamiento, tecnología, investigación e innovación”, así como el deterioro de la infraestructura y el déficit presupuestario sostenido.
“El Estado debe invertir en el financiamiento de la educación, de acuerdo con las recomendaciones de la Unesco, entre el 4 y el 6% del PIB”, indica el texto, que advierte que en el caso venezolano estos niveles resultan insuficientes frente a años de desinversión.
El comunicado también cuestiona la «congelación de los salarios» durante más de cuatro años, al considerar que esta situación se ha convertido en “un lastre para la docencia, la investigación y la extensión”. Asimismo, rechaza la aplicación de instructivos que, según denuncian, “desconocen derechos adquiridos” y han contribuido a la depreciación de los ingresos de los trabajadores universitarios.
En ese contexto, los voceros gremiales sostienen que el país atraviesa un nuevo escenario económico que podría permitir mejoras progresivas en las condiciones salariales. “La exigencia es clara, firme y urgente: aumento de salarios que permita recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los universitarios y de los trabajadores en general”, subraya el documento.
Los firmantes insistieron en que cualquier ajuste debe realizarse conforme a lo establecido en el artículo 91 Constitución y con respeto a las escalas salariales, al tiempo que plantearon la necesidad de discutir estas medidas con los representantes legítimos del sector, entre ellos la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Esto dice el artículo 91 de la Constitución Nacional:
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad universitaria a sumarse a las movilizaciones convocadas en el país con motivo del 1 de mayo, en defensa del salario, la autonomía universitaria y una educación de calidad. “La lucha de los universitarios es por salario, democracia, libertad y por una educación de calidad para todos”, concluye el pronunciamiento.
El pronunciamiento se produce en medio de un contexto de protestas y acciones gremiales recientes, en las que docentes universitarios han exigido mejoras salariales y condiciones laborales dignas tras años de estancamiento en sus ingresos.
