ESPECIAL / En cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, un amplio despliegue de seguridad logró la desocupación total y la restitución del orden material y legal en el predio «Don Boni» ubicado en el municipio Papelón.
La información fue dada a conocer por el presidente de la Sociedad de Ganaderos del Estado Portuguesa (Sogapor), Freddy Salazar, quien detalló que este espacio —una unidad de producción de 1.542 hectáreas fundada por Stefano Vittorio Cadamuro— permanecía tomado ilegalmente por ocupantes desde agosto de 2024.
El dirigente gremial precisó que el procedimiento de rescate fue ejecutado bajo una planificación institucional que priorizó la paz, contando con la actuación coordinada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la ZODI, los organismos de seguridad ciudadana y la Gobernación del estado Portuguesa.
Salazar explicó que este resultado es el fruto de un trayecto de resistencia y constante apoyo gremial, donde Sogapor, la Asociación de Criadores de Búfalos de la entidad (Ascribup) y la Asociación de Ganaderos de Guanarito (Asoguanarito) acompañaron a los afectados con denuncias y reuniones.
Tras hacerse efectiva la medida de protección y el posterior retiro pacífico y voluntario de los ocupantes, se constataron los graves daños dejados en la infraestructura.
“Allí desvalijaron tres tractores y se perdieron unas 700 reses; y ya existía unas 95 estructuras improvisadas o ranchos”, denunció el vocero
Asimismo, el líder gremial adelantó que este procedimiento en Papelón marca apenas el inicio, informando que las comisiones militares ya se encuentran listas para ejecutar en las próximas horas el rescate de otras cuatro o cinco fincas invadidas en la zona de Guanarito y sus límites territoriales.
Al ser consultado sobre el marco legal que ampara estos procedimientos de restitución de tierras y combate al delito en el medio rural, el presidente de Sogapor, manifestó que estas contundentes actuaciones guardan estrecha relación con las recientes directrices del Estado venezolano orientadas a blindar la seguridad jurídica. (Con información de Minuta Agropecuaria)
