ESPECIAL / El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirá el 23 de enero para discutir la situación de Irán, en medio de denuncias por una represión estatal que ha dejado miles de muertos tras tres semanas de protestas en todo el país.
La convocatoria fue solicitada por Alemania, Reino Unido, Israel, Moldavia y Macedonia del Norte, y contó con el respaldo de 21 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos España, Chile, Colombia, Francia, Italia, Japón y Países Bajos.
Aunque el Consejo suele reunirse tres veces al año en sesiones ordinarias de varias semanas, también convoca encuentros extraordinarios ante emergencias graves.
La última sesión especial tuvo lugar en noviembre, cuando se debatieron y condenaron los abusos cometidos durante el asedio y la toma de la ciudad sudanesa de El Fasher.
Las protestas en Irán comenzaron hace tres semanas tras la fuerte depreciación del rial y una inflación cercana a 40%, pero pronto derivaron en consignas que exigían el fin de la República Islámica. Aunque la represión logró sacar a los manifestantes de las calles, el descontento social continúa.
“No se puede vivir así”
El aumento sostenido de los precios ha golpeado a la población. En apenas un mes, una botella de aceite duplicó su precio hasta los 12.500.000 riales (unos 7,4 euros), mientras que una caja de huevos cuesta casi el doble, alrededor de 3.150.000 riales (1,8 euros), según el tipo de cambio del mercado informal.
El salario mínimo mensual equivale a unos 62 euros.
“La gente tiene razón para estar enfurecida. No se puede vivir así”, dice Mahin, una vecina de Teherán de 57 años de edad que se gana la vida cocinando y limpiando casas, a la agencia de noticias EFE.
Asegura que hace meses no consume carne porque no puede pagarla, pese a recibir un subsidio estatal mensual para alimentos que considera insuficiente.
El gobierno del presidente Masoud Pezeshkian puso en marcha un plan de ayudas que redistribuye unos 10.000 millones de dólares anuales en subsidios alimentarios. Según cifras oficiales, 57,5 millones de iraníes se benefician del programa, aunque muchos consideran que no compensa la pérdida del poder adquisitivo.
