ESPECIAL / El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, informó este viernes sobre el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención.
De acuerdo con un comunicado difundido por el programa, las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República a petición del Ministerio Público, luego de evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de Venezuela.
El documento señala que la decisión se produjo después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal revisar la situación de los ciudadanos involucrados en estos procesos.
El programa ratificó además su respaldo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y la sociedad civil organizada para favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social y la consolidación de la paz.
LIBERADA PRESA POLÍTICA EMIRLENDRIS BENÍTEZ
La presa política Emirlendris Benítez fue excarcelada la tarde de este 14 de agosto. En las puertas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) fue recibida por defensores de derechos humanos, entre ellos Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Benítez cumplió ocho años detenida arbitrariamente por el régimen chavista, tras haber sido detenida el 5 de agosto de 2018, cuando las autoridades la vincularon falsamente con el supuesto atentado con drones contra el dictador Nicolás Maduro. Fue arrestada luego de que abordara un servicio de taxi prestado por su pareja y, sin pruebas creíbles en su contra, fue acusada de delitos como terrorismo y asociación para delinquir.
Durante su custodia inicial, Benítez permaneció desaparecida e incomunicada por más de 45 días. Estando embarazada de cuatro meses, fue sometida a severas torturas por parte de organismos de seguridad del Estado que le causaron la pérdida involuntaria de su embarazo y secuelas físicas permanentes que la dejaron postrada en silla de ruedas.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó una medida de protección. Dos años después, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su detención era arbitraria y solicitó su libertad inmediata. Ese mismo año, el exdirector del SEBIN, general Manuel Cristopher Figuera, había declarado públicamente que «la joven de apellido Benítez no tiene nada que ver en ese caso».
En agosto de 2022, tras un proceso judicial sin garantías, Benítez fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión. En 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado de EE.UU. exigió su liberación, y ese mismo año y en 2024 Amnistía Internacional emitió acciones urgentes solicitando su liberación y atención médica inmediatas. En 2025, ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron ante las violaciones a sus derechos humanos. (Versión Final / Monitoreamos)
