CARACAS / Desde la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la madrugada del pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump, se ha empeñado en vender a Venezuela como un paraíso para los grandes inversionistas petroleros, impulsado por el entreguismo de los hermanos Rodríguez y su entorno, su descomunal ego y el evidente afán por aprovechar al máximo los recursos que en materia de hidrocarburos produce nuestra nación.
Sin embargo, el mandatario, terco y sordo en relación con las alarmas encendidas sobre el tema, se ha tropezado una y otra vez con una gigantesca piedra: quienes sucedieron al heredero político de Chávez en Miraflores arengaron, promocionaron y levantaron un velo de inseguridad jurídica que impide a las compañías y multinacionales más emblemáticas del sector a apostar por la Venezuela tutelada.
Trump ha sido torpe y a medida que pasa el tiempo incurre en acciones erráticas que espantan aún más a quienes pueden dar un salto de crecimiento realmente poderoso en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La incorporación de Alejandro Betancourt, primo de Leopoldo López, en su engranaje para captar pequeños y medianos inversionistas es una mancha que causa rechazo en empresas serias.
El “bolichico”, con una trayectoria marcada por investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela relacionadas con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal, se habría convertido, impulsado por los Rodríguez, en una figura clave para el tutelaje en procura de terminar de lograr acuerdos petroleros en favor de compañías estadounidenses y ampliar la influencia de Estados Unidos sobre el sector energético venezolano.
Betancourt, quien controla una de las principales productoras privadas de crudo de Venezuela, colaboraría, según Bloomberg, en la identificación de activos con potencial, el análisis de dificultades operativas y la creación de contactos dentro de la industria.
¿Lo peor? Los grandes acuerdos petroleros continúan sin concretarse. La desconfianza ante la falta de una real reconfiguración política en Venezuela y las restricciones de las sanciones aún dificultan las operaciones, cuyas ganancias, hasta la fecha, se mantienen bajo una absoluta opacidad.
El más reciente episodio
Más allá de la realidad de fondo, la más reciente denuncia pública, realizada por los herederos del fallecido magnate latinoamericano Oswaldo Cisneros, enturbia aún más la escena, tras acusar al gobierno interino venezolano de confiscar injustamente los derechos de perforación petrolera que tenían con DP Delta Finance BV, y de adjudicárselos a una empresa estadounidense.
De acuerdo con esta versión, se le “despojó” de sus activos y del control operativo mediante un proceso de “sanciones arbitrarias”, según afirmó en un comunicado la empresa dirigida por la viuda y los herederos de Cisneros. DP estima que se le adeudan US$2.000 millones. (Versión Final)
