Elías Díaz
El abogado José Andrade manifestó su más absoluto respaldo al coro de voces que solicitan la derogación plena de la Ley Contra el Odio que desde su aprobación en noviembre de 2017, por la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido cuestionada por su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos.
Recientemente la presidente encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente un uso abusivo de la referida norma, solicitando a la Asamblea Nacional su revisión inmediata,
“Me uno y apoyo a quienes desde Venezuela y el resto del mundo consideran que se debe derogar la Ley Contra el Odio, porque es violatoria de todos los derechos humanos y derechos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, destrozando específicamente los artículos 57 y 58 sobre expresar libremente cualquier tipo de opinión o información a través de cualquier medio de comunicación social”, expresó en su fundamentación.
Recuerda que la Ley Contra el Odio permitió la criminalización de centenares de personas bajo la acusación de “instigar al odio”, además de prohibir a los medios de comunicación difundir mensajes calificados como propaganda, incitación o apología del odio, sin establecer definiciones suficientemente claras y previsibles, dando pie a decisiones basadas principalmente en revancha política.
“Para nadie es un secreto que los servicios públicos en Venezuela son un desastre; así como la paupérrima situación de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, “por lo que las protestas pacíficas han sido una vía de manifestar descontento generalizado del pueblo, y se ha procurado criminalizar y penalizar estos hechos valiéndose de esa norma ilegal desde todo punto de vista por inconstitucional”.
“Aquí lo que se trata no es de revisar y regular la Ley Contra el Odio, sino derogarla para que la ciudadanía no pueda ser perseguida ni encarcelada por el simple hecho de expresarse libremente, ante cuyo hecho, como abogado de la República Bolivariana de Venezuela, respaldo a quienes tanto dentro del país como en el exterior exigen que se elimine por inconstitucional, y por no haber cumplido con los requerimientos legales para su aprobación y entrada en vigencia en el año 2017”, puntualizó.-
