Por: Prof. Miguel Ángel Henríquez Marcano
Profesor Titular Jubilado de la UNELLEZ
@profesorMAHM
El reciente anuncio de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, sobre el inicio de un debate nacional para formular una nueva Ley de Educación Universitaria pone sobre la mesa objetivos técnicamente irreprochables: sustituir una legislación de 1970, integrar la innovación tecnológica, proteger la gratuidad y alinear la oferta académica con el desarrollo del país.
Indudablemente, tras 56 años de vigencia, el sistema universitario en Venezuela urge de transformaciones profundas. Sin embargo, el gran escollo —incluso si se asumieran las mejores intenciones— radica en la forma, el momento sociopolítico y la severa crisis de legitimidad de quienes pretenden aprobarla. Adicionalmente, detrás de esta iniciativa se asoman intenciones opacas que buscan camuflar la ineptitud y la ineficiencia del Poder Ejecutivo para cumplir con sus responsabilidades legales básicas: la asignación de presupuestos justos a las universidades, salarios dignos y una seguridad social real (prestaciones, HCM y cajas de ahorro entre otros) para el personal docente, administrativo y obrero.
No es la forma, porque una ley de esta magnitud debe nacer de un auténtico acuerdo nacional donde toda la sociedad participe y se comprometa. No es el momento, porque es pública y notoria la atípica situación de un Ejecutivo cuestionado y con una base de apoyo en entredicho. Y finalmente, no hay legitimidad, pues el Poder Legislativo que debe discutir la norma carece de la validación institucional necesaria por razones ampliamente conocidas. Lo que se proponga podrá tener matices de legalidad formal, pero jamás gozará de legitimidad real, derivando en una ley muerta que no resolverá las carencias inmediatas del sector.
Por todo esto, la comunidad universitaria y la sociedad venezolana deben rechazar esta estrategia de distracción gubernamental. El Ejecutivo nacional no puede seguir huyendo hacia adelante con debates estériles; debe abocarse de inmediato a resolver la debacle salarial, las providencias estudiantiles y el estrangulamiento presupuestario de las casas de estudio, además de revisar el estatus de las universidades creadas, la denominada municipalización y los proyectos de factibilidad de carreras aprobadas incumpliendo parámetros mínimos de docentes, espacio físico, laboratorios y bibliotecas, sin parámetros mínimos de calidad. Para avanzar, el gobierno debe apartar el sectarismo político, abandonar el negacionismo ante la evidente crisis del sistema educativo y salir del ostracismo en el que pretende sepultar la realidad.
