CARACAS / El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este pasado lunes que el proyecto de ley de amnistía anunciado por el gobierno busca revisar los casos de personas que «sin duda, han cometido delitos», aunque no especificó de qué delitos se trata.
Durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por VTV, Cabello indicó que la normativa incluirá una lista detallada para identificar quiénes pueden ser sujetos de ese beneficio tras una revisión caso por caso.
«Habrá beneficiados y habrá no beneficiados», advirtió, enfatizando que la medida busca la «convivencia y la paz», pero no implica un olvido de las acciones procesadas.
Añadió que la iniciativa representa una «oportunidad de hacer política» y aclaró que es una propuesta exclusiva del Ejecutivo, sin la participación de ONG ni de «ningún gobierno extranjero, ninguna jerarquía eclesiástica».
“Ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como corresponde”, opinó.
Cabello aseguró que la bancada chavista en la Asamblea Nacional, liderada por su partido, apoyará el proyecto anunciado el viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
«Ojalá ellos entiendan que deben retomar la política, hacer política de verdad, no buscar atajos. Eso nos obligaría a nosotros a seguir actuando en base a la Constitución y a la ley», dijo, en aparente referencia a sectores de la oposición.
¿Reconciliación o riesgo? Ley de amnistía polariza expectativas
El anuncio de la ley de amnistía fue formulado por Delcy Rodríguez el viernes 30 de enero durante el acto de apertura del año judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, con la intención de enviar un proyecto de ley al Parlamento para su pronta discusión y aprobación.
La propuesta busca conceder amnistía a amplios sectores vinculados a delitos políticos desde 1999 hasta la actualidad, excluyendo casos graves como homicidios, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
La receptividad ante el anuncio ha sido mixta: por un lado, familias de presos políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado esperanza, considerando la iniciativa como un paso para la reconciliación y la convivencia pacífica tras años de polarización y detenciones políticas. Por otro lado, sectores de la oposición y observadores internacionales han manifestado cautela o escepticismo, señalando que aún es necesario garantizar transparencia, criterios claros y respeto al debido proceso judicial. (El Nacional)
