Elías Díaz
Un caso más propio de una novela de Don Rómulo Gallegos que de la vida real, termina de desembocar este recientemente pasado martes 3 de febrero en una decisión judicial favorable de libertad para una productora del campo, en Guanarito, estado Portuguesa, a quien un fiscal nacional del Ministerio Público, según su propia denuncia viralizada en videos de redes sociales, le llevó unas reses de ordeño de su finca y por reclamar sus derechos ordenaron su detención, convirtiéndole en doble víctima.
Se trata de la señora Diuri Salazar, increíblemente detenida el 6 de noviembre de 2025 en el marco de una Jornada denominada «EL MINISTERIO PÚBLICO VA A TU COMUNIDAD», en la plaza Bolívar de la Parroquia Catedral, en Caracas, donde acudió con documentos a mano y evidencias probatorias de la actuación calificada de extralimitada del fiscal nacional 60, de nombre Pedro Eduardo Pérez, quien le notificó el 22 de octubre de 2025 de una inspección a su finca “La Importancia”, ubicada en el sector “La Crujidera”, en el municipio Guanarito, del estado Portuguesa, donde efectivamente se presentó tres días después, el 25 de octubre, pero en lugar de “inspeccionar” ordenó llevarse un lote de reses de ordeño, y hasta ahora no sabe dónde están.
La señora Diuri Salazar, agotadas las gestiones judiciales en Guanare, se dirigió hacia la referida actividad «EL MINISTERIO PÚBLICO VA A TU COMUNIDAD» en Caracas, y tras presentar las evidencias de lo que considera una extralimitación de funciones del Pedro Eduardo Pérez, quedó detenida, trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
LA DEFENSA EN ACCIÓN
Un grupo de tres destacado juristas guanareños, Manuel Ricardo Martínez, Ivelisa Martínez y Úrsula Mujica, asumieron la defensa de la productora campesina Diuri Salazar, logrando en primer término su traslado de reclusión hacia la sede de la PNB en Guanare, y tras un intenso forcejeo con los representantes del Ministerio Público que se prolongó por casi tres meses, finalmente se alcanzó su libertad.
Consultado al respecto el equipo de profesionales del derecho, en especial de la doctora Ivelisa Martínez, expresó que efectivamente “el caso de la productora agraria Diuri Salazar, que recobró su libertad al ser doblemente victimizadas, es un hecho que conmocionó a la opinión pública porque de ser víctima pasó a ser imputada como tantos casos en el país”.
“Este martes la Corte de Apelación Accidental del estado Portuguesa declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y confirmó la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control NRO 1 del Primer Circuito Judicial Penal, donde desestimó una serie de delitos y otorgó la libertad de la productora (Diuri Salazar) en la causa signada con el NRO 1CS-14.367-26. Es sabido que el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por el titular de la acción penal, tenía como objeto dejar sin efecto la decisión ajustada a derecho por la Jueza de Control Nro 1. Un caso que como recordamos todos a través de un video que se viralizó en las redes sociales por la violencia institucional ejercida por el fiscal 60 nacional, abogado Pedro Pérez, contra la ciudadana Diuri Salazar; quien la notificó vía WhasApp de una Inspección Técnica del predio denominada La Importancia, propiedad de la señora, Salazar, dispuso de un número importante de animales de ordeño sin dejar constancia del destino de los mismos, y extralimitándose de sus funciones procedió a llevárselo y hasta ahora se desconoce dicho paradero, situación que ha ocasionó la alerta y procedió a denunciar ante los organismos nacionales en especial a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Superior del estado Portuguesa”, expresa la conocida abogada guanareña.
Destaca además que considera que este hecho creó una inmensa expectativa en el sector agropecuario del estado Portuguesa, manteniendo en vilo a los productores, “pues a través de este proceso se pretendió criminalizar la actividad del campo, puesto que tener instalaciones para el manejo de rebaño de ganado había sido calificado como un delito, igual que tener pozos para la extracción de agua para riegos y asistencia para animales, hacer lagunas artificiales a cielo abierto, tener combustibles gasoil para el funcionamiento de tractores y plantas eléctricas y demás maquinarias propias de la actividad agrícola también es un delito; y lo más insólito, es que el persecutor sea un Fiscal Nacional que desconoce el esfuerzo que hacen los trabajadores del campo quienes son los encargados de la actividad agroalimentaria del país, y para ocultar el procedimiento que realizó el 25 de octubre 2025 según oficio N-00- F60NN- 2855-2025, arremete con una investigación violando derechos fundamentales que, final y acertadamente, el Poder Judicial actuó en el marco del cumplimiento de y el respeto de los derechos humanos y los intereses colectivos”, enfatizó al respecto.
Como conclusión del proceso dice que “casos como éstos deben ser atendido y ser elevado a la actual presidenta Delcy Rodríguez, para que revise con carácter de urgencia los atropellos que son cometido contra los productores de Portuguesa, pues en su última alocución indicó su disposición de acabar con las mafias y los abusos de poder. En Portuguesa somos una reserva moral inquebrantable que merecemos la intervención inmediata y los cambios necesarios para protección de la ciudadanía en general ante los atropellos llevados a cabo como el del a abogado Pedro Pérez, fiscal 60 nacional”, resaltó.-
