La crisis económica que atraviesa Venezuela no es únicamente un fenómeno de indicadores macroeconómicos adversos, representa una ruptura profunda en el contrato social entre el Estado, la economía y el ciudadano. Como economista y aplicado del pensamiento filosófico, es necesario analizar esta coyuntura no solo desde la eficiencia asignativa de recursos, debe verse también desde la justicia distributiva y la calidad institucional. El objetivo de este apartado es, examinar la trayectoria desde la consolidación democrática de 1958 hasta la actual emergencia salarial, proponiendo rutas de solución basadas en la gerencia avanzada y la ética pública.
En este sentido, la reconstrucción del tejido productivo y social requiere un diagnóstico que trascienda la coyuntura inmediata. La evidencia empírica disponible, proveniente de organismos multilaterales y observatorios universitarios, permite trazar una línea base objetiva para la discusión. Por tanto, este escrito no busca generar controversia ideológica, pero sí fomentar un debate técnico fundamentado. La responsabilidad del académico radica en presentar los hechos tal como son, para que las propuestas de gerencia avanzada y política pública se cimenten en la realidad verificable y no en suposiciones.
1. El Declive Institucional y su Costo Económico
La literatura económica establece una correlación directa entre la calidad de las instituciones y el crecimiento sostenido. Según el informe Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, Venezuela ha mostrado un deterioro significativo en indicadores como el estado de derecho y la estabilidad política durante las últimas dos décadas (Banco Mundial, 2023). Este debilitamiento institucional ha impedido la protección de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, factores esenciales para la inversión y la generación de empleo formal. La democratización, entendida no solo como ejercicio electoral, también como el fortalecimiento de contrapesos, es un prerrequisito para la estabilidad económica.
2. La Realidad Salarial y el Poder Adquisitivo
El impacto humano de la contracción económica es visible en la erosión del salario. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por universidades nacionales, ha documentado sistemáticamente que los ingresos laborales han perdido capacidad de compra, empujando a gran parte de la población hacia la economía informal y la dependencia de remesas (UCV, USB, UCAB, 2023).
La realidad salarial es alarmante. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) correspondientes a febrero de 2026, el salario mínimo de 130 bolívares apenas cubre el 0,05% de la canasta alimentaria, lo que implica que se requerirían 1.700 salarios mínimos para costear la alimentación total de un hogar. La variación anualizada de la canasta básica alcanzó 715,55% en moneda nacional y 48,3% en dólares, evidenciando una erosión acelerada del poder adquisitivo (CENDAS-FVM, 2026).»
Esta situación viola el principio económico de suficiencia salarial, necesario para la reproducción de la fuerza laboral y el consumo interno.
3. Discrepancia entre el Marco Legal y la Realidad Económica
Existe una divergencia crítica entre la normativa vigente y los indicadores económicos actuales. El Artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), publicada en la Gaceta Oficial N° 6.076 (2012), establece explícitamente que el salario mínimo «debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales materiales, morales y culturales del trabajador o trabajadora y su familia».
Sin embargo, los datos verificados de febrero de 2026 indican que el salario mínimo cubre apenas el 0,05% de la canasta alimentaria (CENDAS-FVM, 2026). Esta brecha evidencia un incumplimiento del mandato legal de suficiencia salarial, lo cual tiene implicaciones no solo económicas, también jurídicas y éticas sobre la protección del trabajo como hecho social. Esta situación también contraviene el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que consagra el salario como un derecho irrenunciable y establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Desde la perspectiva de la gerencia avanzada y la economía del comportamiento, la persistencia de salarios insuficientes genera distorsiones estructurales: incremento de la informalidad laboral, evasión fiscal, migración de capital humano calificado, y reducción de la productividad agregada. Estos fenómenos, documentados en estudios sobre mercados laborales en crisis (OIT, 2023), comprometen la sostenibilidad del sistema productivo nacional y vulneran el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales.
4. Propuestas desde la Gerencia Avanzada y la Economía
Para revertir esta situación, se requieren medidas que integren técnica económica y ética gerencial:
Saneamiento Fiscal: Es necesario reducir el déficit fiscal no petrolero, tal como han recomendado históricamente las misiones del Fondo Monetario Internacional para países en crisis de balanza de pagos (FMI, 2022). Implementar una racionalización del gasto público requiere una auditoría forense de las empresas estatales para eliminar fugas de capital. Según el Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional, la consolidación fiscal basada en la eficiencia del gasto tiene menor impacto negativo sobre el crecimiento que los ajustes basados únicamente en ingresos (FMI, 2023). Esto permitiría liberar recursos para inversión social sin presionar la base monetaria.
Independencia del Banco Central de Venezuela: La estabilidad monetaria requiere una autoridad monetaria libre de financiamiento inflacionario del tesoro, un consenso en la teoría económica moderna. Operativamente, esto implica establecer límites estrictos al crédito directo al sector público, tal como lo establecen las buenas prácticas internacionales recogidas por el Banco de Pagos Internacionales (BPI, 2022). La evidencia empírica demuestra que los bancos centrales con mayor independencia operativa logran mantener tasas de inflación más bajas y estables en el largo plazo, protegiendo el valor de la moneda como unidad de cuenta.
Protección Social Focalizada: En lugar de subsidios generalizados que distorsionan precios, se propone una red de protección social directa a los hogares más vulnerables, verificable mediante catastro social actualizado. Los programas de transferencias condicionadas han demostrado ser instrumentos efectivos para mitigar la pobreza extrema sin distorsionar los relativos de precios, según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023). La utilización de un Sistema Inteligente de Catastro único beneficiario, asegura que los recursos lleguen a la población objetivo, maximizando el multiplicador fiscal y reduciendo la corrupción en la asignación de ayudas.
Ética en la Gestión Pública: Desde la filosofía de la investigación científica, la transparencia en el manejo de los datos económicos es fundamental para la toma de decisiones. La opacidad estadística dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. La publicación oportuna de estadísticas oficiales es un indicador clave de gobernanza, correlacionado positivamente con la confianza de los inversores según el Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional, 2023). Desde la deontología profesional, el economista tiene el deber moral de exigir y producir datos auditables, pues la incertidumbre estadística actúa como un impuesto oculto que penaliza la planificación empresarial.
Para operacionalizar esta transparencia, se propone la implementación de un Sistema de Unidad de Control y Seguimiento de la Gestión, fundamentado en marcos normativos como el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Este mecanismo facilita el monitoreo de indicadores en tiempo real, asegurando que la ejecución presupuestaria se alinee con los objetivos estratégicos nacionales. La literatura sobre gerencia pública establece que la presencia de unidades de control independientes reduce la asimetría de información y mitiga riesgos de corrupción (COSO, 2017). Por tanto, la ética no es solo un principio abstracto, es una práctica medible a través de sistemas de auditoría y gestión documentados.
Concluyendo
La recuperación económica de Venezuela es viable a largo tiempo, pero requiere un retorno irrestricto a la racionalidad técnica y a la ética institucional. Como se ha demostrado, la brecha entre el mandato constitucional de suficiencia salarial (Artículo 91 CRBV, 1999) y la realidad documentada por los observatorios independientes, exige una corrección inmediata de la política pública. La estabilidad no se logra mediante medidas aisladas, se debe establecer un sistema integral que combine saneamiento fiscal, independencia monetaria y transparencia estadística. Sin estos fundamentos, cualquier intento de reactivación carecerá de sostenibilidad en el tiempo.
Como comunidad académica y profesional, tenemos la responsabilidad de liderar este cambio desde la gerencia avanzada y el pensamiento crítico. La propuesta de implementar sistemas de unidad de control y gestión, bajo estándares internacionales como COSO, no es solo una recomendación técnica, es también un imperativo moral para garantizar la confianza pública. El camino hacia la prosperidad pasa por reconocer los hechos verificables, respetar la ley vigente y priorizar la dignidad del trabajador como centro del desarrollo nacional. Solo mediante la verdad económica y la justicia social podremos construir un futuro estable para las próximas generaciones.
(*)Asesor Tributario, Financiero y de Organización. Lcdo. en Economía. Magister Scientiarum Admón. de Negocios. Magister en Ciencias de la Educación. Dr. en Ciencias Económicas. Dr. en Ciencias Sociales. PostDoctoral Pensamiento Filosófico de la Investigación Científica. PostDoctorando Gerencia Postconvencional. Correo Electrónico: javierbravo1975@gmail.com
